Síganos en nuestras redes:        


La situación de la educación y los educadores en Colombia.

FECODE durante más de seis décadas de constante luchar ha unido a los maestros en defensa de la educación del pueblo colombiano y de los derechos del magisterio con la indispensable independencia frente al Estado. Los gobiernos neoliberales han puesto en una grave crisis a la educación, Duque incumplió los acuerdos firmados con FECODE, no consensuó el acto legislativo mediante el cual se incremente real y progresivamente el SGP, no garantiza el crecimiento progresivo del preescolar de tres grados, no respeta la autonomía y el gobierno escolar ni acata la ley general de educación, no modificó las relaciones técnicas para que disminuya el número de alumnos por grupo y por profesor, no consensuó el proyecto de ley de estatuto de la profesión docente, no convocó a los cursos de ascenso para 8.000 docentes del 1278, no se superaron las situaciones adversas encontradas en el diagnóstico realizado por la UPN y los servicios de salud han sido desmejorados.

Colombia debe defender la soberanía nacional e insertarse en los niveles más altos del conocimiento y de la producción defendiendo la educación pública, gratuita, universal administrada directamente por el estado. Para ello requiere una reforma constitucional del SGP para aumentar progresivamente los recursos enfrentando los planes de ajustes y los acuerdos extendidos firmados entre el FMI y el gobierno nacional, la defensa de la ley general de educación y, en particular, de la autonomía escolar, la preservación del FOMAG y del régimen especial pensional y de salud, el nuevo estatuto docente, contra la privatización, las reformas laboral y pensional y por el respeto de los acuerdos firmados por FECODE y el Gobierno Nacional.

FECODE, con un aviso titulado Paro Nacional Del Magisterio, publicado en El Tiempo el 30 de mayo del año 2000 rechazaba la promulgación del decreto 955 aduciendo que dicha medida era parte del "cumplimiento acelerado de los compromisos proimperialistas con el FMI". De igual forma el 13 de mayo de 2007, en comunicado publicado en el Espectador la Federación señalaba que desde el "Acuerdo Stand By" del 3 de diciembre de 1999 "se continúa... con la ancestral sumisión del gobierno nacional a las imposiciones del FMI", refiriéndose al recorte de las transferencias territoriales.

Recordemos que en medio de la movilización el 20 de junio de 2001, siendo ministro de hacienda Santos, se aprobó el Acto Legislativo 01 cumpliendo así el gobierno de Pastrana con los compromisos pactados con el FMI el 22 de diciembre de 1999. Con la reforma de los artículos 356 y 357 de la CPC se abolió el Situado Fiscal y las participaciones de los municipios en los ingresos de la nación; se recortaron drásticamente las transferencias territoriales, las cuales dejaron de ser un porcentaje de los ingresos nacionales para transformarse en una cifra fija. La expedición de la ley 715 del 21 de diciembre del 2001 es otro de los pilares de las imposiciones del organismo multilateral. Bajo esta norma se reglamenta la asignación por estudiante y nace el decreto 1278 que de un plumazo dividió al magisterio en dos estatutos y cercenó conquistas prestacionales a los nuevos docentes e impuso una evaluación retrógrada que mina la estabilidad. Esa modificación hacía parte de las reformas impuestas por el FMI para recortar gastos y aumentar ingresos a la Hacienda Nacional que garantizarán el pago de la deuda pública y un entorno macroeconómico estable al capital extranjero. Ese recorte significó 319 millones de millones de pesos. Las patrióticas posturas de FECODE frente a las consecuencias de las imposiciones del FMI como los mencionados ley 715 y el decreto 1278 deben mantenerse. Un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es con el programa de ampliación y activación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) firmado por el gobierno de Duque el pasado 25 de septiembre del 2020. El panorama descrito en el documento oficial del FMI es alarmante ya que los próximos años estarán marcados por las temidas políticas de austeridad. El monto planeado de recortes para los próximos tres años equivale a 1.2 veces el presupuesto de educación o 1.7 veces el de salud de Colombia en el año 2020 para acceder a recursos del FMI por un total de US $ 17.200 millones. De esta cifra, se ha pedido un crédito por US$5.300 millones que deberá ser pagado en su totalidad entre los años 2024 y 2026 (Véase análisis Daniel Munévar).

I. Se pretende ilegalmente

imponer las EPS
En las modificaciones que quiere imponer Duque en el acuerdo 09 del FOMAG de 2016 está la participación ilegal de las EPS y la medicina prepagada, que han sido fuente de graves quebrantos a la vida y la salud de los trabajadores y sus familias.

La calificación y remuneración del servicio se hará conforme se acuerdan porcentajes de cumplimiento por debajo de lo que debe ser el servicio, por ejemplo, el 90% más un porcentaje adicional para la administración. Además de la modificación del acuerdo el gobierno impulsa un proyecto de decreto para acabar también ilegalmente con el modelo de salud especial que los maestros colombianos conquistamos con la ley 91 de 1989 y mantuvimos al exceptuarnos en el artículo 279 de la ley 100 de 1993. Ha anulado los comités regionales para quitarle el control que le hacen a las empresas. De hecho, con la contratación de derecho privado se han relajado aún más los controles.

II. El manual de funciones

El 18 de marzo expidió unilateralmente el gobierno nacional el manual de funciones que no respeta la autonomía escolar, acaba con la libertad de cátedra y el debate académico es desplazado por las órdenes del gobierno. En lugar de definir la reglamentación adecuada para el estudio y recreación de los niños con unas relaciones que disminuyan el número de estudiantes por grupo escolar, por directivo docente y por orientador se persiste en no llegar a un acuerdo con Fecode. En la gestión académica de los directivos docentes que comprende dos competencias, la pedagogía y didáctica y la innovación y direccionamiento académico. Las competencias se engullen al conocimiento disciplinar.

Una interminable lista de 29 funciones donde Duque ejercita la facultad de la arbitrariedad y, por si se le olvidara algo añade a esa función general una súper función, las demás que le asigne el rector. El constructivismo, con su negación del carácter objetivo de la realidad está regado por todas partes, así como imperan las órdenes del ministerio en forma de referentes de calidad y normatividad. Otras ordenes son inaplicables, por ejemplo, utilizar los recursos de las TIC porque se los robaron. Las educadoras de preescolar deben elaborar material de su propio bolsillo, se impone a raja tabla el sistema de evaluación de los estudiantes, despojando a los maestros de esa función que está íntimamente ligada a la enseñanza, se les impone como actividad curricular no lectiva la alimentación escolar recargándolos de más trabajo para beneficio de los contratistas del PAE.

III. El nuevo estatuto docente

La principal conquista del magisterio colombiano con el 2277 de 1979 fue la estabilidad laboral, al establecer que solo fuera posible con el debido proceso establecido en el decreto 2480 y la imposibilidad para el ente nominador de suprimir plazas de personal y con ello despedir a los educadores como lo hace con los demás servidores públicos. En el artículo 60 del 2277 se estableció que, "también se considera el docente en servicio activo cuando su cargo ha sido suprimido o cuando no se le haya asignado carga académica". También hay que modificar la estructura de las evaluaciones de desempeño y de competencias. La recuperación de la estabilidad, junto con el escalafón son las tareas de primer orden del nuevo estatuto.

El camino del magisterio es continuar la lucha en defensa de la educación pública y de los educadores...