Mi querido bonaverense, el artículo 2347 del Código Civil, establece que “toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado (…)”. En cuanto al deber de cuidado la norma dice que “surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente”.

En su posición de garante, el Consejo de Estado comenta que “el centro educativo adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima”. La responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, no tiene una finalidad represora de determinadas conductas, sino de resarcir a las víctimas de acciones u omisiones con resultado dañoso.

Con nuestro acostumbrado cambio de tercio, al sonar de las trompetas, pasamos a responder estas otras preguntas: Mirando mi buzón, encontré varias preguntas, donde el denominador común es la bicicleta. A propósito, había olvidado contarles, mi aficción por el llamado “deporte de las bielas“, aunque por razones obvias, no tengo las habilidades de los muchachos boyacenses que suben las cuestas con cántaras de leche en la parrilla en la “burrita de acero“, me defiendo bastante bien en las ciclorrutas nocturnas.

Efectivamente profesor, la Ley 1811 del 21 de octubre de 2016, por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional, establece en su artículo 5° que los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta y pueden recibir hasta hasta 8 medios días remunerados al año. Así es que a seguir pedaleando.

Mi querido ciclista, es más probable que al burro si se le considere accidente laboral, porque seguramente estaba en su sitio de trabajo, pero en su caso particular no es considerado como tal, salvo que la bicicleta hubiese sido asignada por su empleador que es el departamento de Córdoba. Para refrescarle la memoria cito el artículo 3 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales: Artículo 3°. Accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

“Carambola”, diría un billarista. La anterior expresión, salida un poquito de tono en un momento luctuoso, sirve para ilustrar que efectivamente los esposos tienen derecho a la licencia por cinco (5) días hábiles. El primero por ser hijo del fallecido, que corresponde al primer grado de consanguinidad y la señora por ser nuera del difunto, correspondiente al primer grado de afinidad. Recordemos que la Ley 1635 de 2013 permite en su artículo primero licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles en caso de fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil.

Mi estimado profesor, desafortunadamente los docentes no están preparados para reaccionar en situaciones de estrés como la que usted narra. Entiendo su reacción, que al decir de un penalista sería legítima defensa ante una injusta agresión, pero esta defensa en un proceso disciplinario o penal no sería aceptada, en atención a que no hubo proporción entre la agresión y la reacción, máxime cuando estaba por medio un menor. En esto caso, le aconsejo que procure conciliar y ojo con lo que dice porque se puede condenar solo. Recuerde que el artículo 33 de la C. P., no le obliga a autoincriminarse. Para terminar recuerde lo que le dicen en las películas los policías a los capturados: “Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga podrá ser usado en su contra“. Como decía doña Tulia, para un buen entendedor pocas palabras bastan. Con el aroma de la caña dulce y encima de mi burrito de aluminio, me despido porque me toca alistarme para ir a cumplir mi noble función de jurado de votación.